Escribe: Youssef Abi-Fadel


El pasado martes 7 de mayo el Tribunal Constitucional de Tailandia destituyo a la hasta entonces Primera Ministra Yingluck Shinawatra luego de 6 meses de profunda crisis política en un país dividido entre partidarios de gobierno del Pheu Thai, los “camisas rojas”, liderados por Jatuporn Prompan y los opositores al régimen, los “camisas amarillas”, liderados por el ex viceprimer ministro Suthep Thaugsuban. Yingluck es la hermana del también ex Primer Ministro Thaksin Shinawatra (2001-2006), quien fue depuesto luego del golpe militar de 2006 en Bangkok y se exilió en Dubai para evitar ser aprehendido por el gobierno tailandés de turno, el cual tiene una denuncia en su contra y orden de captura por corrupción en rebeldía. Yingluck llegó al poder en 2011 tras varios años dedicada a la gestión de empresas familiares, luego de elecciones legislativas democráticas con el slogan “Thaksin piensa, el Pheu Thai actúa” y así se aseguró una base de apoyo electoral muy similar al de su hermano: los agricultores del norte del país y clases populares y desfavorecidas de Bangkok, totalmente polar a la oposición de clases medias y altas.
Más allá de la evidente polémica generada por el manifestado interés de perpetuar a la familia en el mando y pensamiento de las clases menos favorecidas, el gobierno de Yingluck Shinawatra emprendió una serie de políticas, reformas y cambios de puestos que merecieron la condena sus opositores. Una de las promesas electorales fue el sistema de compra de arroz a los agricultores rurales garantizándoles un precio superior al del mercado, esto es, un subsidio denunciado como una compra de votantes y que en los últimos meses se ha hecho insostenible por lo que el gobierno incurrió en impagos y generó la toma de las calles por los arroceros perjudicados, quienes sostenían que el sistema quebraría a causa de la profunda corrupción de los funcionarios de gobierno. Otra movida que ha motivado las huelgas fue el cese del jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Thawil Pliensri, en 2011 cuando Shinawatra y su Ejecutivo recién se acomodaban al cargo, un movimiento denunciado por un legislador como facilitador para la colocación de un familiar de la Primera Ministra como jefe de la Policía.
La última y más profunda ola de protestas se inició entre noviembre y diciembre ante la oposición a la reforma constitucional y una ley de amnistía que habría permitido el retorno de Thaksin a Tailandia. La toma de edificios oficiales y calles de la capital condujeron a un punto de desgobierno en que Shinawatra no tuvo otra opción más que descartar la norma y adelantar los comicios para febrero, pero éstos fueron anulados por el Tribunal Constitucional porque no se votó en todas las regiones debido al boicot antigubernamental, limitando desde ese mes las competencias del gobierno. Ya en marzo la situación recrudeció con las exigencias de la oposición por la dimisión de Shinawatra y las tensiones entre los bandos pro y anti gobierno que motivaron el anuncio de las fuerzas armadas el 10 de marzo de posible intervención ante un caldo de cultivo para una guerra civil centrada en Bangkok. Finalmente, el Constitucional cesó de su cargo a la Primera Ministra el 7 de mayo y dejó al país en un tenso stand-by a la espera de las elecciones generales a realizarse el 20 de julio próximo. Mientras tanto el Tribunal ha colocado transitoriamente en el poder a Niwatthumrong Boonsongpaisan, viceprimer ministro y ministro de Comercio fuera del espectro del “Regimen de Thaksin”.

El Perú podría estar en el mismo camino con los clanes políticos y una democracia joven y todavía poco arraigada; las evidencias en Tailandia herirán más a unos que a otros, esposas o hijas. ¿Qué opina usted?
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