Escribe: Diego Calderón
La minería ilegal ha devastado más de 50 mil hectáreas de bosques solo en Madre de Dios, pero esto parece no detener los ambiciosos negocios ilegales de algunos congresistas, quienes defienden cabalmente sus intereses oscuros. El parlamentario Amado Romero, conocido como "Come Oro", sería el principal implicado.
En 1874, Antonio Raimondi publicó el primer tomo de “El Perú”, libro en el que mostraría toda una investigación sobre la fabulosa biodiversidad y riqueza del país, producto de sus incontables viajes por los lugares más inefables y asombrosos de nuestro territorio. Sin embargo, pese a la magna literatura dejada por el sabio, más se le ha recordado por la célebre frase “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”, que en la actualidad aún tiene vigencia.
Pues, en efecto, más allá de la rica diversidad natural de las cordilleras, ríos y nevados, el Perú es el primer productor de plata a nivel mundial, seguido del cobre; además somos el tercer país en el mundo con la mayor cantidad de reservas de oro, plata, cobre y zinc (US Geological Survey – USGS figures). La extracción de esta riqueza, es decir, la minería, ha explicado el 30,5% del total de la recaudación fiscal en la primera década del siglo XXI (SNMPE – IPE).
No cabe duda que el incremento del precio internacional de los commodities desde comienzos del año 2000 ha sido un factor determinante para la estabilidad económico; no obstante, casi 150 años después de la afirmación de Raimondi, me hago nuevamente el cuestionamiento de si la dicha de contar con metales tan preciados sea una bendición, o por el contrario, una maldición para nuestros pueblos.
Si bien es cierto que existe un sector minero responsable de las consecuencias medioambientales que implica la extracción de los metales –con los papeles en regla y la legislación a su favor—; también es cierto que, por otro lado, una minería perversa e ilegal devora nuestra Amazonía a un ritmo feroz. Es tan grande la magnitud, que la minería ilegal del oro ha llegado a exportar 3,000 millones de dólares en el año 2011, según cifras de Macroconsult; y por cada 3 onzas de oro formales, una de oro ilegal ha llegado al mercado internacional. Esta actividad evade aproximadamente 350 millones de dólares anuales.
Se emplea todo tipo de maquinaria para la extracción de este mineral, desde “dragas”, usadas para el aprovechamiento fluvial en zonas prohibidas – como por ejemplo, la Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios, invadida actualmente por más de 15 mil mineros ilegales, según cifras del MINAM – hasta “tractores de Oruga” – cuyo costo supera los 80 mil dólares – empleados para los socavones. El mercado negro del oro, sin duda alguna, es millonario.
Pero, pese a toda la maldición recaída sobre los valles y reservas nacionales, la minería ilegal requiere de campamentos para poder alojar a sus operarios – quienes ganan en promedio 900 soles mensuales (Cuarto Poder), y utilizan sus propias manos carentes de protección alguna para manipular el mercurio y el cianuro, esenciales para la separación del mineral –. En dichas villas armadas de manera improvisada, redes de prostitución de menores son levantadas para “salvaguardar” la tranquilidad de quienes trabajan en medio de la ilegalidad. Estas condiciones han convertido de este negocio en un infierno clandestino inhumano.
Luego de ver este preámbulo, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno?
En primer lugar, este no es un hecho recién descubierto. Más de un presidente ha sido testigo de la explotación ilegal de los recursos en Madre de Dios, Puno, Cuzco, Apurímac, entre otros departamentos, y han visto cómo la Amazonía peruana ha sido devastada durante todo este tiempo. Sin embargo, mediante el Decreto Legislativo N° 1105, promulgado en el 2012, por primera vez en el Perú se definió la separación entre lo ilegal y lo informal. Así, la minería ilegal es la actividad minera que se realiza en espacios prohibidos como las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas (una crítica importante a ello es que muchos no saben si el espacio donde operan es legítimo y el gobierno no ha resuelto este tema), y que además sus operarios no cumplen con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales de ley. Por otro lado, la informal está compuesta por aquellos operadores mineros que no son legales, pero que han iniciado un proceso de formalización que culminó en abril del 2014. Pero pese a haber excedido la fecha límite, el plan fue un total fracaso. Les contaré una de las razones principales de por qué no se avanza.
Dicha estrategia ofensiva fue el plan del “Proceso de Formalización Minera”, lanzado en abril del año 2012 – que según información del MINAM culminaría en abril del presente año – pero, no obstante las ganas del gobierno por emprender la lucha antiminera, hasta la fecha ha logrado resultados desalentadores. Del universo de 550 mil mineros no formales (ilegales e informales) – según Miguel Santillana, Investigador del Instituto del Perú –, 70 mil mostraron interés por formalizarse en el 2012; pero lo lamentable es que a la fecha no se cuentan ni con 10 mil formalizados. Sin duda, 10 mil es mejor que cero, pero quienes han sido los principales opositores al avance de esta lucha son nada menos que algunos de nuestros “flamantes” congresistas.
Ángel Neyra, parlamentario por Fuerza Popular, ha expresado su total rechazo a las incautaciones del Alto Comisionado para la Formalización de la Minería Ilegal, dirigido por la PCM, pues considera que es abusiva la ofensiva contra los mineros ilegales. De igual manera, el tristemente célebre congresista oficialista “Come Oro”, Eulogio Amado Romero – suspendido 120 días a inicios del 2012 por sus vínculos con la ilegalidad minera – ha vuelto a las canchas y defiende con cabalidad sus propios intereses ilegales.
Amado Romero encabeza la Federación Minera de Madre de Dios, inscrita el 04 de Octubre del 2010 en la SUNARP y vigente hasta la fecha. Ella está conformada por mineros ilegales de dicho departamento, y quienes han realizado más de un violento paro en protestas por las limitaciones de ingreso de combustible a la zona. Y por si fuera poco, el ex ministro de Justicia en el gobierno de Toledo, Eduardo Salhuana, ahora es el principal asesor jurídico de dicha Federación de ilegales en Madre de Dios (El Comercio, Enero 2014). Todos ellos constituyen el escudo de salvaguarda de la impunidad.
Sin duda, si se pretende continuar en la lucha contra la minería ilegal en Madre de Dios, donde según el MINAM ya han sido devastadas cerca de 50 mil hectáreas de bosques hasta la fecha, será necesario limpiar del camino a estos malos congresistas, quienes son supuestamente defensores de los intereses de los pueblos, pero que en estos casos actúan en defensa de sus beneficios ilegales. Nuestros mismos representantes están saboteando toda acción de interdicción.
Esperemos que el gobierno entienda, pues la solución a la minería ilegal será absurda si se pretende seguir detonando tractores. La solución comienza por anular a los mismos parlamentarios como el “Come Oro”, Ángel Neyra, entre otros, quienes han llegado al poder solamente para beneficiar sus propias inversiones oscuras, y que además son quienes le están siendo desleal a toda política antiminera del Ejecutivo, pues se han convertido en aliados del delito. Obviamente, tendremos otras soluciones que pasen por un mayor control del cianuro y el mercurio que ingresa por el puerto del Callao, además de un incremento de la fiscalización en ese sentido, pero eso será motivo de una nueva entrega. Por lo pronto tiene que tomarse en serio este hecho. No es posible que en el Congreso impere la delincuencia.
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