Escribe: Teodoro Crisólogo
La preocupación de que existan posibles intereses empresariales escondidos en el Ejecutivo es válida. Pero lo que también debería despertar atención es la aún más peligrosa amenaza que representa el gremio del narcotráfico en el Legislativo.
La designación de Zavala como Primer Ministro y el anuncio del gabinete ministerial de Kuczynski no han estado exentos de críticas y especulaciones. Representantes de diversas bancadas, especialmente de Fuerza Popular (FP), han manifestado su preocupación por la amenaza de lobbies que puedan gestarse dentro del Ejecutivo, sobre todo por el perfil empresarial con el que cuenta tanto el Presidente como sus más cercanos colaboradores. Estos olvidan, sin embargo, que los grupos de poder que podrían buscar algún tipo de beneficio de parte de autoridades públicas traspasan el entorno de los grandes gremios empresariales. Existen algunos agentes interesados en que sus actividades permanezcan bajo la vista gorda del Estado, sin ningún monitoreo y con el apoyo esporádico de algunos políticos que se las ingenian para librarlos de sentencias judiciales. Es curioso (y hasta cómico) que ignoren por completo que el poderoso negocio de las drogas también se vale de la debilidad del sistema político peruano para mantener sus negocios ilegales a flote y garantizar su impunidad.
A fines del año pasado, el Congreso presentó un informe en el que se advertía la creciente participación del narcotráfico en la política peruana [1]. El documento mostraba evidencia de cómo estas organizaciones se embarcaban sistemáticamente en sueños políticos a través del lavado de millonarias sumas de dinero y el financiamiento ilícito de campañas (¿les suena conocido?) para posicionar alcaldes o gobernadores regionales. Esto obviamente les aseguraba el blindaje total de cualquier policía, juez o fiscal que quisiera inmiscuirse en sus negocios.
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| "Toma ahora ... paga después" |
Y si bien estos casos han sido numerosos en alcaldías y gobiernos regionales, al parecer la fiebre de la narcopolítica ha llegado con más fuerza al Congreso mismo. Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico, recientemente aseguró que existen al menos 21 congresistas electos que se encuentran financiados por el narcotráfico o provienen de ese gremio [2]; 14 de ellos pertenecen a FP, 3 al partido de Acuña (APP), 2 a Peruanos por el Kambio (PPK), 1 al Frente Amplio y 1 a la caída Alianza Popular. Si lo ponemos en otra perspectiva, tal vez estos datos suenen más preocupantes. En el caso de APP, el 30% de su bancada tiene relación con el narcotráfico, y para
¿Acaso estos datos no deberían levantar sospecha alguna? La preocupación de que existan posibles intereses
empresariales escondidos en el Ejecutivo, por parte de ciertos congresistas electos, es válida. Pero lo que también debería
despertar su atención es la aún más peligrosa amenaza que representa el gremio
del narcotráfico en el Legislativo. Esperemos que en su intento por cumplir promesas
del verano electoral, los nuevos legisladores hagan todo lo posible para que el Congreso no se
convierta en el lobby de los narcos.
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El problema es que los políticos solo creen en estadísticas que les convienen, más no en aquellas que le son incomodas, esas o son "coincidencias" o estas "amañanadas".
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