“Agua sí, mina (ilegal) no”: 4 pasos para entender el fracaso de la formalización

Escribe: Andrea Vidalón

Pulgar-Vidal vendiendo humo (?) diciendo no a la minería ilegal

¿Recuerdas cuando en el 2012 Ollanta nos ilusionó diciendo que acabaría con la minería ilegal? Han pasado 4 años y menos del 3% de los mineros informales han logrado formalizarse; mientras que el otro 97% continúa lanzando mercurio en la Amazonía. Ahora vienen PPK y Keiko a seguir vendiéndonos humo con nuevas propuestas ¿debemos creerles? Un repaso de la minería informal que te ayudará a no ser engañado de nuevo.

1. Minería informal vs. Minería Ilegal

 

Un minero ilegal es aquel que realiza una actividad minera con al menos una de las siguientes condiciones: 1) usando maquinaria no adecuada, 2) incumpliendo exigencias administrativas, sociales y medioambientales y 3) realizando actividades en zonas prohibidas (DL 1105). En simple, contaminan mucho y no pagan impuestos. 



Estos son los ilegales

Un minero informal es casi lo mismo, pero bien ubicado y con buenas intenciones. Es decir, realiza sus actividades en zonas permitidas y ha iniciado su proceso de formalización (DL 1105). Ser considerado ilegal no es divertido, implica ser atacado por las acciones de interdicción del gobierno, es decir, tu maquinaria puede ser destruida o confiscada.

2. La triste historia de la formalización 

El 19 de abril del 2012, aprovechando que el Congreso le había dado freepass para legislar, el Gobierno promulgó, entre otros decretos legislativos en la materia, el DL 1105 que establece procesos y plazos para la formalización de la minería. Los mineros tendrían 60 días para firmar una “Declaración de Compromiso” (una promesa de que querían ser formales) para no ser declarados ilegales. Además, tenían que completar todos los requerimientos de formalización en máximo dos años, esto incluía obtener autorizaciones de explotación minera, de uso de terreno, de uso de agua y de gestión ambiental.

Nunca tan barato ni tan fuerte. Fuente: Semana Económica

Ya pasados los dos años reglamentarios, la cantidad de mineros formalizados era mínima y la cantidad de marchas y bloqueos de carreteras era máxima. En esta situación, el Gobierno anunció una “Estrategia de Saneamiento de la pequeña minería y minería artesanal”. Básicamente ahora los mineros ilegales que cumplan con tener un RUC tenían un plazo hasta finales del 2016 para culminar los requerimientos de formalización.

Actualmente, de los 73 mil mineros que entregaron declaratorias de compromiso en el 2012, 40 mil están en el régimen de saneamiento, y solo 2 mil son formales, y ninguno de Madre de Dios (El Peruano).

3. Ahora sí, ¿qué dicen los candidatos?

Keiko considera que todo el proceso de formalización está muy mal y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Derogará los decretos y promete emitir nuevas normas en un plazo máximo de 90 días luego de iniciar el gobierno (yeah sure). Incluso lo ha prometido en un acuerdo con la Central Nacional de Mineros, agrupación de mineros artesanales (en gran mayoría informales). Este nuevo proceso de formalización buscaría diferenciar la minería por zona de operación e incluir procedimientos administrativos más simplificados y con acompañamiento estatal. Todo esto sería dirigido por su nuevo mejor amigo el pastor evangélico Hernando de Soto.

Lo mejor de esta imagen es el tío que guarda sus lentes en la barba

Diferenciar la minería de socavón, realizada en la costa y sierra, de la minería aluvial de la selva es clave para una regulación adecuada. Sin embargo, comenzar de nuevo implicaría que se “perdona” a los mineros que no iniciaron su formalización antes, además, habría nuevos plazos y este problema se prolongaría. Algo grave es que piensa derogar también decretos que regulan la interdicción y el control de maquinarias contra la minería ilegal (como el DL 1100), lo que dejaría a las zonas naturales protegidas súper desprotegidas.

El futuro Zar de la formalización (?)

PPK reconoce también los problemas del proceso de formalización, pero no propone detenerlo, sino reforzarlo. Su enfoque busca generar mayores beneficios asociados con la formalización a través de certificaciones para la exportación de oro limpio (“Programa Oro Limpio”) y el otorgamiento de créditos y asistencia técnica (“Banco de Fomento Minero”). Esto tiene bastante sentido ya que hasta ahora los beneficios de ser un minero formal se reducen básicamente a menores probabilidades de que tu mina sea bombardeada. Pero, algunos especialistas sostienen que no sería muy efectivo pues la mayoría de mineros no podrían ser sujetos de financiamiento, se podría comprometer la caja fiscal por los riesgos de la actividad minera y se generarían distorsiones en los mercados. PPK también se enfoca en la minería ilegal y propone incrementar la cooperación de la Marina de Guerra y la inteligencia policial en la erradicación de esta actividad.

Cuidado! Eso puede pasarte si eres ilegal

4. Más importante ¿qué NO dicen?

Hasta ahora no se han visto propuestas enfocadas en el problema de los contratos de concesión y el reforzamiento de las direcciones regionales. Muchos de los mineros informales trabajan como una especie de invasión en zonas ya concesionadas a otras personas. Evidentemente, los dueños no quieren cederles sus contratos de concesión, lo que es clave para la formalización. Por otro lado, casi todo el proceso está en manos de los Gobiernos Regionales y las direcciones regionales de entidades como la Autoridad Nacional del Agua. Estos no cuentan con recursos financieros y técnicos para llevarlos a cabo adecuadamente.

Menos baile, más propuestas

Más allá de que nos agraden o no los amigos de Keiko, este compromiso ha servido para poner en la agenda electoral el importante tema de la minería informal. Por ahora, los nuevos amigos de PPK se reducen a César Acuña y Gisela (?) y no tienen mucho que decir sobre esta problemática. Esperemos que en los próximos días se profundice el debate sobre las propuestas en este campo. Nuestra Amazonía no puede esperar más.

P.D #1.: Para este artículo, se revisaron varios documentos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
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