¿Pobreza y corrupción? El costo oculto de la impunidad

Escribe: Teodoro Crisólogo

¿Qué consecuencias tiene la corrupción en nuestro país? ¿Se limita a lo robado por inescrupulosos funcionarios públicos? En este artículo, les mostraré que los costos de tener autoridades corruptas van más allá de sus jugosas comisiones. La corrupción se ha convertido en un problema para el país pues quita oportunidades de desarrollo a los más pobres (y nadie hace nada por defenderlos).

Hace unos meses, la Contraloría General de la República (CGR) informó que la corrupción se ha llevado cerca de S/. 3000 millones de las arcas del Estado durante los últimos cinco años. El dato no es una sorpresa para muchos, ya que son los mismos funcionarios públicos los que pregonan con el ejemplo los sofisticados métodos de desviar fondos para beneficio propio y de sus pandillas. Cerca de la mitad de presidentes regionales cuentan con denuncias por delitos de corrupción, y el 92% de alcaldes del país se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría Anticorrupción por joyitas como la malversación de fondos, peculado e incluso colusión[1]. 

Esto puede llevar a pensar que el mayor costo de la corrupción está en la tajada de los recursos públicos que se llevan los funcionarios estatales. Sin embargo, en este artículo trataré de mostrarles que las consecuencias de tener autoridades corruptas van más allá de sus jugosas comisiones en licitaciones públicas o del daño moral que puede generar tener a un Fujimori o Montesinos manejando el país. La otra parte de la historia es que la corrupción se ha convertido en un problema para el país al quitar oportunidades de desarrollo a los más pobres, privándolos de acceso a servicios básicos de diferentes formas.

Corrupción y pobreza: descripción gráfica

Primero, las obras en las que los funcionarios sacan sus comisiones son en numerosas ocasiones mal diseñadas (¿por qué será que se insiste en un by-pass en lugares donde expertos públicamente advierten de su fracaso?) e incluso construidas a medio camino. El problema se agrava cuando estos proyectos supuestamente deberían dar solución a problemas como la falta de agua potable, pistas en defectuoso estado o servicios de saneamiento de mala calidad. Un ejemplito de esto ocurrió en el 2014 en Tumbes, donde a través de mañas y trucos judiciales, Gerardo Viñas, el entonces presidente regional, y la empresa Inversiones S.A.C. (¿es en serio?), concertaron procesos de licitaciones que generaron pérdidas por S/. 9.2 millones al Gobierno Regional. Inversiones S.A.C. iba a estar encargada del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen” cuyo objetivo era  la “disminución de los casos de enfermedades del sistema digestivo, parasitosis y contaminación ambiental”. Al final la compañía dejó el proyecto inconcluso e inservible sin ninguna razón justificada, y el legado que dejó este turbio proceso fue un presidente regional prófugo (desde el 4 de junio del 2014) y miles de familias expuestas enfermedades que afectan principalmente a las oportunidades de desarrollo de los niños en temprana edad.

Si pensaron que este es el único caso, bueno este problema está generalizado en todo el país. Hacia mayo del 2015, la CGR detectó que del total de obras públicas paralizadas en el país, el 60% de los casos son paralizaciones sin ningún tipo de sustento técnico y en su mayoría se concentran en Gobiernos Regionales y Locales (¿Gracias descentralización?). 

Y segundo, los trámites, licencias y otros procesos burocráticos son caldo de cultivo de coimas dentro del Estado. La teoría económica predice que aquellos que no quieran perder su tiempo haciendo trámites o colas (porque tienen cosas mucho mejores que hacer) estarán dispuestos a aceitar acelerar el proceso destinando una parte de su ingreso para dicho fin. En el Perú sucede esto. De hecho, Gustavo Yamada y Ricardo Montero hace unos años lo demostraron con econometría y todo[2]. Pero lo interesante de su estudio es lo que sucede en el caso de los hogares de muy bajos ingresos. Lo que los investigadores encuentran es que son estas familias las que destinan mayor parte de su dinero para poder acceder a servicios como la policía y el poder judicial. Sucede todo lo contrario en el caso de los hogares más ricos. Entre los hogares más pobres pueden llegar a destinar hasta 12% de su ingreso en coimas para policías y hasta 8% en el caso del Poder Judicial; estas instituciones son las que en teoría brindan servicios de seguridad y protección. Para colmo de males, la investigación también encuentra que ni siquiera ese pago les asegura el acceso total a los servicios que requieren, sobre todo ante la policía y las empresas de servicios básicos (agua potable y luz).

¿La pobreza es un negocio para los corruptos?

Entonces, tenemos que la corrupción vuelve más difícil alcanzar el desarrollo del país, pues excluye a los más pobres de los servicios más básicos. Numerosos gobiernos regionales y municipalidades han sido asaltados cuales botines de guerra. La provisión de servicios públicos de calidad se ve interrumpida debido a que un funcionario público pone sus intereses por encima de los problemas de la gente que lo eligió. Así, el verdadero costo de tener autoridades corruptas no se encuentra en lo robado, sino en todas las oportunidades que pierden los peruanos al no contar con servicios que el Estado debería brindar (¡Al menos educación y salud pues! ¿Ya vamos a cumplir 200 años no?).

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[1] Información obtenida del Ministerio de Justicia y de la Procuraduría Anticorrupción.

[2] Los autores demuestran este fenómeno en su estudio “Corrupción e inequidad en los servicios públicos en el Perú” publicado por la Universidad del Pacífico (UP) y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en el 2011.


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