Elecciones conflictivas

Escribe: Tomás Reto

Las elecciones regionales y municipales están a la vuelta de la esquina y al interior del país la historia es la misma de siempre. Las elecciones de los gobiernos locales y regionales se han convertido en el momento perfecto para el surgimiento de conflictos sociales electorales, y solo un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la ONPE, el JNE, la PCM, la Defensoría del Pueblo y en general las diferentes entidades del Estado va a evitar el derramamiento de sangre y las fuertes turbulencias en el interior del país.

Los candidatos a alcaldías tienen mucho más llegada a los pobladores de las localidades en el Perú, y además los electores conocen más de cerca las características de sus candidatos (en especial en distritos muy pequeños). Así, no debe sorprendernos encontrar luchas encarnizadas entre dos o más opositores que son apoyados por ciertas partes de la población, lo que inevitablemente trae como consecuencia la formación de “bandos” en las comunidades generando tensiones y disturbios.

Este fenómeno se vuelve aún más crítico si tomamos en cuenta que vamos a escoger más de 1800 alcaldes en todo el Perú, y que producto de los ingresos por canon y el proceso de descentralización, los municipios cuentan con muchos más recursos que antes, lo que atrae el interés de más candidatos para manejar los recursos públicos. Según la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, en los 13 distritos que recibieron mayor cantidad de canon las candidaturas se multiplicaron del 2006 al 2010. De esta manera, la preocupación por la población en medio de esta lucha por el poder debe ser prioridad para las autoridades nacionales. Rolando Luque, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, ya mostró su preocupación por este escenario adverso en mayo de este año. Declaró que en el 2010 se presentaron cientos de incidentes y 20 conflictos fuertes, ya que se eligen unos 12 mil cargos y más de 100 mil personas participan activamente en la movilización política.

En el 2010, los conflictos más graves ocurrieron en Sullana (Piura) y Atalaya (Ucayali). En Sullana, al día siguiente de las elecciones regionales se produjo un ataque violento contra la sede de la ODPE Sullana (Oficina Descentralizada de Procesos Electorales) por parte de las dos agrupaciones políticas que se disputaban la alcaldía de esta provincia, y se tuvo que suspender el proceso de cómputo. Por su parte, en Atalaya, unos 400 simpatizantes de los movimientos regionales “Todos somos Ucayali” y “Ucayali región con futuro” exigieron la anulación de los resultados electorales en el distrito de Sepahua aduciendo un fraude. Se llegó a un escenario indeseable con ataques a la ODPE con lanzamientos de piedras, palos encendidos, entre otros actos vandálicos.

¿Pero por qué realmente surgen los conflictos sociales electorales? Un primer paso para responder a esta pregunta sería delimitar claramente la definición de este concepto. Para la ONPE el conflicto electoral es “el desacuerdo de carácter público, que puede expresarse de forma violenta o no, entre grupos organizados de actores que compiten por el poder o entre estos y los organismos electorales, donde el factor de conflicto está dado por el rechazo o el presunto incumplimiento de algún procedimiento o regla electoral”.

En el caso de Atalaya, lo que pasó fue que el candidato que iba a la reelección ganó en tres de los cuatros distritos. Técnicamente, los manifestantes intentaron desconocer el resultado del proceso electoral llegando al extremo de realizar manifestaciones violentas. Justamente, la disconformidad con los resultados electorales es una de las principales razones por la que ocurren conflictos sociales electorales.

Pero además, la presencia de electores golondrinos puede causar serios conflictos sociales. Los electores golondrinos son aquellos “vivazos” quienes se trasladan de domicilio legal justo antes de las elecciones (especialmente en distritos chicos) donde realmente un voto cuenta. Lamentablemente, este fenómeno se daba con mucha frecuencia cuando no había un buen control del padrón electoral, pero muchos ciudadanos aún suelen culpar a estos golondrinos por una elección perdida.

Por último, otra típica razón de este tipo de conflictos es la negación ante la reelección de un alcalde. Esto se genera cuando un buen grupo de la población ha perdido confianza en el alcalde (pues ya perdió legitimidad ante las personas) por diferentes motivos. Así, una reelección suele fastidiar al grupo que ya no veía con buenos ojos al alcalde.

Estas tres razones fueron estudiadas por la ONPE en un documento elaborado en el 2010. No obstante, no se reconoció la presencia de una nueva causa de conflictos. Lamentablemente, muchos individuos ligados a las mafias y al narcotráfico están azuzando a la población para que apoye a determinados candidatos que les permitan tener un buen manejo de las comunidades. Además, otros candidatos intentan ofrecer programas que no están bajo su control (recordemos al alcalde “sapazo” ofreciendo Pensión 65 como propuesta electoral, cuando no tiene poder para tomar esa decisión). Justamente, ahora que los municipios tienen más dinero que antes, estas razones toman especial importancia y no es casualidad que las autoridades del gobierno central ya hayan solicitado no utilizar los conflictos sociales y a la comunidad como “caballito de batalla”.

Debemos acordarnos que las poblaciones más pobres de nuestro país no son muy atendidas por el Estado. Es ahí donde realmente surgen los conflictos sociales con consecuencias graves, porque la elección de determinado candidato puede significar la gloria o el fin para ciertas partes de la población. Por ello, queda un aprendizaje para las próximas elecciones (y cuando nuestra generación llegue al poder). Si ahora Castañeda, favorito en las encuestas para ocupar la alcaldía de la provincia más poblada del país (y, por lo tanto, uno de los más escudriñados), se “confundió” con su hoja de vida (y casi no nos damos cuenta)... ¿qué cosas nos podríamos esperar de candidatos más alejados a nuestra visión? La preocupación por los más pobres no solo debe transformarse en donaciones de alimentos o en transferencias de dinero, sino que también es clave el fortalecimiento del deber cívico y el control a candidatos que no tienen escrúpulos en utilizar cualquier medio para ganar una elección. Que sea una fiesta democrática, no un baño de sangre.

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